Los internos del penal de San Pedro denunciaron que a un mes de haberse promulgado el Decreto Presidencial de Indulto y Amnistía, los trámites del benefició se encuentran en "statu quo" y que sólo una mujer de nacionalidad española de la cárcel de Palmasola fue la beneficiada con la norma.
Roberto Iñiguez, delegado de los privados de libertad extranjeros de este centro de reclusión, lamentó que las autoridades del Ministerio Público "hagan caso omiso" a las determinaciones del Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo de la Magistratura que ordenaron que las audiencias se realicen en los penales del país, con el objetivo de evitar la retardación de justicia.
"Nosotros como privados de libertad saludamos que una compañera de nacionalidad española (María Dolores) se haya beneficiado con el Decreto de Indulto y Amnistía, pero criticamos la manera en cómo se están manejando este tema con los trámites que se encuentran paralizados y nadie más que la compañera, salió beneficiada", expresó.
Indicó que con la normativa, los beneficoarios presentaron su documentación establecida para acceder al beneficio como ser: el documento de cédula de identidad, la fotocopia legalizada de la sentencia ejecutoriada expedida por autoridad competente; el certificado del sistema de Seguimiento de causas Penales y estadísticas judiciales - Ianus, que acredite que el detenido no tenga una segunda imputación penal por delito doloso, entre otras.
Sin embargo, pese al cumplimiento de estas cláusulas, ningún privado de libertad de la cárcel de San Pedro de La Paz fue beneficiado con el Decreto, por la retardación de justicia que continúa latente en los distintos penales del país, acotó Iñiguez.
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