Se conoce, extraoficialmente, que la candidata incurrió en hechos de corrupción para ser elegida.
Postulantes al cargo de juez registrador en Derechos Reales (DDRR) observaron la designación de Patricia Castillo, quien fue elegida para el cargo por vocales del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz.
Se conoció que un memorial presentado el 1 de abril al presidente de dicha instancia judicial, Juan Carlos Berríos, impugnó la designación de la nueva autoridad que no fue tomada en cuenta en la sala plena celebrada el pasado martes.
De acuerdo con los datos obtenidos por La Prensa, la abogada Patricia Castillo se postuló al igual que otras 30 personas para acceder al cargo tras cumplir los requisitos, empero en la etapa final --en la que se eligió una terna-- la postulante logró calificar con solo cuatro votos a favor, con relación a otros candidatos que tenían seis y hasta ocho.
De acuerdo con el documento al que accedió La Prensa, el 31 de marzo, fecha de la elección, el presidente del TDJ no hizo conocer la nómina de los postulantes, lo que causó confusión entre los vocales que se dividieron en tres grupos, los penalistas, los civilistas y los decanos.
Este hecho dio lugar a que un grupo de estos vocales elija a Castillo, exregistradora de El Alto, pese a las observaciones de otros, refiere el documento judicial presentado también al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y la Asamblea Legislativa.
Un vocal consultado sobre este hecho, quién solicitó mantener su identidad en reserva, afirmó que esta situación es conocida por el presidente del Consejo de la Magistratura, Francisco Tarquino, quien ayer no pudo dar a conocer su posición sobre este hecho debido a que se hallaba en una reunión, según la Unidad de Comunicación del Consejo.
Observaciones. Además, se conoció de manera extraoficial que sobre la postulante elegida, Patricia Castillo, pesan otras observaciones que la sala plena del Tribunal Departamental desestimo y no denunció, pese a existir denuncias verbales.
De acuerdo con los antecedentes entregados en la secretaría de la presidencia del TDJ, Patricia Castillo fue investigada –también-- en la gestión de Iván Calderón Salazar, juez registrador de Derechos Reales de 1999 a 2006, cuando se intervino a la entidad.
En mérito al equilibrio periodístico, La Prensa intentó ayer comunicarse con las personas afectadas por esta denuncia, pero sus esfuerzos resultaron infructuosos, pese a la insistencia de este medio.
El presidente del TDJ y consejo de la magistratura mantienen reserva en sus declaraciones. Juan Carlos Berríos, presidente de la máxima instancia judicial, y Fernando Tarquino, del Consejo de la Magistratura, no quisieron emitir criterio alguno sobre las circunstancias en las que se produjo la designación de la actual Jueza Registradora de Derechos Reales.
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