José Marcos Ulloa (43) está molesto. El certificado alodial que presentó al plan regulador para transferir un negocio no es válido para la Dirección de Ordenamiento Territorial de la Gobernación. Las fotocopias de carné de identidad, planos, impuestos y otros requisitos que también le pidieron en la Secretaría Municipal de Recaudaciones (SER) tampoco. Sacar un nuevo documento le significa horas de trabajo y dinero. “La burocracia es un negocio”, protesta.
De acuerdo con el informe Doing Business, elaborado por el Banco Mundial, este año Bolivia bajó del puesto 147 al 149 entre 190 economías. En los 11 indicadores que evalúa la entidad, Bolivia está por encima del 90. Por ejemplo, para la apertura de un negocio el país se ubica en el puesto 177 con 14 procedimientos, 45 días y el equivalente al 54,1% del ingreso per cápita (unos $us 1.663). Paraguay se ubica en el puesto 104. Para abrir un negocio se requiere la mitad de pasos que Bolivia, 10 días menos y un 15% menos en porcentaje per cápita del PIB.
En ese sentido, representantes de seis sectores relacionados a la tramitología y el Gobierno en Bolivia coincidieron, en un foro organizado por Dinero, de que la misma situación de Ulloa se repite en diversos trámites.
¿El motivo? Explicaron que se da por la desconfianza que hay entre instituciones que no validan el documento emitido por otras instancias diferentes.
Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados de Santa Cruz, indicó que hay un celo institucional y poca voluntad política en los diferentes niveles de Gobierno. Dijo que esa situación provoca que el servidor público sea la principal figura dentro de un trámite.
Habló de discrecionalidad y explicó que en diversos procedimientos se pone en duda la fe del Estado (a través de las instituciones), puesto que a unos les aceptan los requisitos y a otros les rechazan.
Luis Fernando Barbery, titular de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz, habló de la necesidad de modernizar el Estado, simplificar los trámites para que los informales puedan formalizarse, otorgar seguridad jurídica sin cargas impositivas o salariales adicionales y trabajar conscientemente para ser un receptor confiable y serio de inversiones.
Indicó que si se quiere lograr otros resultados se deben hacer las cosas de diferente manera. “Si hay otros países que lo han hecho ¿por qué nosotros no podemos subir del puesto 149 al 45? ¿Por qué Perú está en el puestos 54?”
Pablo Mendieta, director del Centro Boliviano de Estudios Económicos (Cebec-Cainco), hizo un cálculo. Explicó que si todas las firmas registradas en Fundempresa fueran SRL (como plantea el Doing Business), los ingresos que se requieren para abrir una empresa generan más de $us 200 millones.
Por eso, Mendieta aseveró que se debe trabajar no solo para que abrir un negocio sea sencillo sino que toda la gestión pública sea más expedita. Precisó que se necesita revisar cada trámite e identificar cuánto demora cada uno aprovechando las tecnologías de la información para agilizarlos.
Luis Alberto Alpire, secretario de Desarrollo Productivo de la Gobernación de Santa Cruz, señaló que la burocracia genera un impacto negativo. Mencionó, por ejemplo, que en 2012 se cerraron 2.032 empresas y en 2016 7.181. “El fondo de la situación no está bien. Se tiene que replantear la administración pública”, reflexionó.
Impuestos, la peor nota
En el Doing Business, Bolivia se mide con otros 190 países. La peor nota, de los 11 temas evaluados, se tiene en el pago de impuestos (puesto 186) con 42 pagos al año (22 más que Paraguay) y unas 1.025 horas al año en filas y trámites (647 más que el país guaraní).
En los permisos de construcción el país registra el mayor descenso: del puesto 142 al 152. En Bolivia, 12 trámites demoran 322 días mientras que en Paraguay, los mismos pasos se cumplen en 202 días menos que en el país.
“Para abrir una empresa no se necesitan más de 24 horas y eso es competencia de Fundempresa. Las falencias están en las autorizaciones para comenzar a operar. Ahí está el problema”, señaló Limberg Cuéllar, asesor legal de la Secretaría Municipal de Recaudaciones.
Afecta a los formales
Wilboor Brun, investigador económico de Populi, dice que un 70% de la población en el país trabaja en la informalidad. Y si el Estado demora en formalizar una firma o castiga con más impuestos, el 30% restante decidirá, por un tema de costos, migrar a la informalidad.
Alpire sostuvo que esta situación genera iliquidez, puesto que si más empresas cierran, los ingresos por coparticipación tributaria bajan pese a que el crecimiento de la población se incrementa. Señaló, por ejemplo, que Santa Cruz recibe un promedio de 5.000 migrantes y por eso es vital el incremento de la base empresarial formal.
Arrázola manifestó que para algunos parece más fácil pagar una multa que operar formalmente. Mientras, Cuéllar agregó que el Concejo trabaja en normas para agilizar trámites.
Dinero invitó a la mesa redonda a los directivos de Fundempresa, el Ministerio de Trabajo y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), pero no asistieron a la cita.
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