Da miedo iniciar un trámite administrativo en la alcaldía municipal de Cochabamba. Cualquier mortal que ha osado solicitar algo en el municipio ya sabe que su trámite puede resolverse en algo más de un año, si es que en el camino tortuoso algún servidor público no le ha pedido algún requisito superfluo e innecesario sólo para dilatar más los plazos procesales.
Siempre he sostenido que los servidores ediles tienen en mente la pronta destitución de sus cargos, suficiente razón para no trabajar o servir. Obstáculos, informes, hojas de ruta, inspecciones, certificados y un sin fin de tucuimas que impiden consagrar las malditas palabras: Eficiencia y eficacia.
Al revisar las noticias de ayer sábado, lo que me pareció increíble fue que en dos días se evacuó el informe técnico para autorizar la construcción de la nueva terminal de buses en Albarrancho.
Por ocho oficinas y en sólo 16 horas laborales, circularon 23 paquetes de documentos relativos al proyecto. No fueron menos de 16 funcionarios municipales los que conocieron “de pasada” el trámite y prepararon los insumos necesarios para que el Alcalde solo estampe su firma.
Aquí sí que se nota un favoritismo escandaloso, sabedores los mortales que sólo un informe de Urbanismo tarda entre 10 y 15 días hábiles administrativos (tres semanas calendario). Seguramente se harán públicas las explicaciones sobre que el trámite se inició en 2010 y que siguió los procedimientos legales, etcétera; pero me duele que se trate a la gente de un modo tan desigual e indecente, sólo porque un poderoso dio una orden a algún servidor público. Esto es inmoral e ilegal.
Probablemente se explicará también que los funcionarios cumplieron con todos los pasos que establece el manual de procesos de trámites en la subalcaldías y que todo se debió a una demora. Mil mentiras caben en este caso, pero la verdad es que el trato diferenciado a favor de quien “pone billete” o “es cuate del jefe” ya es una norma.
De nada sirve la queja, porque se diluye en el camino y el que tiene que atenderla y resolverla “es cuate” del denunciado.
¿En qué lugar se guardaron los procedimientos y los manuales de trámites, para no ser cumplidos? ¿La oficina de transparencia tiene una opinión al respecto? Estoy seguro que no se iniciarán las acciones sancionadoras contra los servidores que “aceleraron” ese trámite de la terminal de buses.
Ya queda claro que por el momento el ciudadano está condenado a soportar las dilaciones en sus trámites y peor aún convivir día a día con la ineficiencia en el municipio. De nada ha servido crear aplicaciones móviles para hacer seguimiento a los trámites, si las plataformas no funcionan; colocando a los favorecidos con buenos “números de celular” por encima de la gente común que tiene que arreglárselas con los funcionarios.
Este escenario tan lamentable tiene que ser revertido de forma inmediata, porque no podemos esperar hasta las próximas elecciones para escuchar propuestas que conduzcan a lo mismo. No queda más tiempo para improvisaciones. Uno de los desafíos que la máxima autoridad administrativa de la Alcaldía debería asumir con responsabilidad es hacer que los funcionarios cumplan con los plazos procesales y someter a los servidores públicos infractores a los sumarios sancionadores que correspondan. Lo que nadie quiere escuchar es que el propio burgomaestre es el que alienta las “aceleradas” o las “frenadas”, dependiendo de quién le pida algo.
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