Al menos 400 personas, especialmente padres de familia, formaron ayer una extensa fila que ocupaba la acera del Servicio General de Identificación Personal (Segip) en la avenida Juan Pablo II, con el objetivo de obtener una cédula de identidad con la que se pueda inscribir a escolares en diferentes unidades educativas.
Una madre de familia con dos menores a cargo aguardaba poder ser atendida por lo menos hasta el mediodía mientras calculaba la posibilidad de poder llegar a casa para preparar algún almuerzo ligero que alimente a sus cuatro hijos de los cuales tres de ellos deben ser inscritos en la escuela de la zona, con la presentación de su cédula de identidad, requisito que de acuerdo con el Defensor José Luis Hidalgo contradice una norma ministerial.
Logrando hacer sus cálculos, Virginia Y., de 35 años, asegura que podría gastar cerca de Bs 132 por el trámite de tres certificados de nacimiento y tres cédulas de identidad para sus hijos, costo previo a la cancelación de cuotas definidas por la junta de padres de familia quienes en esta gestión definieron continuar cancelando un monto de Bs 25 para la clase de computación y cerca de 20 bolivianos para la refacción y mobiliario de los cursos, estos últimos montos debieran calcularse por tres debido a la cantidad de escolares que dependen de ella, factor que podría no lograr ser cubierto en su totalidad.
En tanto que Miguel P., albañil de oficio, advierte que en la presente gestión uno de sus hijos mayores podría estudiar en la noche mientras apoya a su padre como ayudante de albañilería durante el día para así poder lograr ingresos extras que puedan cubrir los gasto de educación de sus cuatro hijos restantes. Asimismo, aclaró que los menores deben ser inscritos en establecimientos fiscales, donde los cobros ejercidos por los padres de familia no pueden ser esquivados.
Como Miguel, otros padres de familia tuvieron que esperar por más de cuatro horas en las filas del Segip buscando una cédula de identidad para sus descendientes. Durante la espera observaron que pese a los cobros realizados por las juntas escolares, la mayoría de los establecimientos no mejora la calidad de infraestructura que esté destinada a la enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
“En el colegio Junín, por ejemplo, el cobro es de Bs 50, todos los años nos dicen que es para mejorar la infraestructura pero cuando llega la temporada de invierno nos damos cuenta que no se realiza ninguna mejora y nosotros en trabajos de fin de semana somos quienes estamos arreglando como podamos los cursos. Es por eso que decimos que los dirigentes sólo buscan dinero y no hacen nada, pero a nosotros que no tenemos tiempo para esas cosas no podemos hacer nada”, enfatizó Julián Nina, padre de familia que asegura que cada año debe enfrentar dicha problemática, que no es enfrentada por ninguna autoridad.
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