Las debilidades que hay en los servicios de asistencia pública son comunes en nuestro medio. Sin embargo, la situación es aún más grave en las provincias cruceñas.
Solo como ejemplo, están los municipios, próximos a Santa Cruz, como Cotoca, La Guardia, Porongo y Warnes que pese a estar más cerca de la urbe cruceña y al desarrollo poblacional que han registrado, aún presentan debilidades para brindar atención a demandas vecinales las cuales van desde una simple solicitud hasta el acceso a la justicia y otra serie de políticas sociales.
Penan por justicia. En el caso de Cotoca, por ejemplo, a decir de los pobladores las falencias se hacen evidentes en situaciones de suma necesidad, es el caso de abusos sexuales pues no cuentan siquiera con personal suficiente para atender las denuncias incluso hay carencia de fiscales y abogados de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.
"Si en la capital es difícil conseguir justicia aquí es diez veces más complicado, las víctimas padecen un verdadero calvario, porque no hay la capacidad ni el interés para atender las demandas", dijo Melissa Salgueiro, quien protestó en las puertas de las oficinas donde funciona la Unidad de Víctimas Especiales.
"Aquí falta mucho para que se haga gestión social, a veces se prioriza las obras de cemento pero no tenemos ni un centro de rehabilitación para los adolescentes que necesitan ayuda", señaló Elisa Castedo, otra vecina que habló desde la plaza principal del Pueblo.
El drama se repite en muchos pueblos. Sin embargo, el problema de acceso a servicios públicos no es solo en este municipio, pues en Warnes ni siquiera cuentan con una instancia o división para atender casos de víctimas especiales, pues es la misma Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen la que debe resolver este tipo de problemas.
A esto se suma la falencia de personal en otras instancias relacionadas a la gestión social, que es una palabra poco conocida entre sus habitantes.
No obstante, Montero que es la segunda ciudad más poblada del departamento, apenas logra atender estas demandas.
Cabe destacar que similares problemas padecen en La Guardia y Porongo, no obstante, hace unos días en el Municipio de la Guardia se realizaron protestas por parte de vecinos debido a que el Gobierno Municipal no podía siquiera atender los problemas básicos como el tema de servicios de salud y aseo urbano.
Las víctimas se sienten desamparadas. Para el representante del Defensor del Pueblo en Santa Cruz, esta es una de las realidades más lamentables que enfrentan las víctimas de maltrato a los derechos humanos, lo que más lamenta es que esto perjudique al respeto de los derechos, principalmente de niños y mujeres.
Sin embargo, explicó que su instancia siempre ha tratado de hacer seguimiento a los casos de vulneraciones a derechos que se registran no solo en los municipios mencionados, sino en todo el departamento.
"Creo que es necesario que las autoridades tomen interés necesarios para atender los abusos a mujeres y niños, pero además desarrollar políticas preventivas, pues tenemos cada vez más infanticidios y feminicidios y esto no solo necesitan leyes y policías, sino también políticas preventivas en los colegios y en los medios de comunicación.
En este mismo contexto, Cabrera destacó el rol de los medios de comunicación, pues afirma que de no ser por ellos y por la presión de la población no hubiera sido posible que los dos últimos casos de infanticidio hayan culminado con una sentencia a favor de las víctimas.
Transición o problema permanente. Para el abogado municipalista, Marcio Aranda, el problema se debe más a un efecto de transición que ha dejado las elecciones subnacionales en el país y que cree están afectando a todos los municipios y provincias donde se ha cambiado de autoridades.
De acuerdo a la postura del analista, el problema se debe a una falta de transparencia en el proceso de transición de autoridades y ante la carencia de una ley más clara que evite estos conflictos que son muy comunes en este tipo de procesos.
No obstante, desde su punto de vista, este año será improductivo para la mayoría de las subalcaldías debido a la falta de coordinación que ha habido entre gestiones salientes y entrantes.
"El problema es que hay autoridades que se van y autoridades que llegan y junto a ellos funcionarios que están en situaciones de incertidumbre con un trabajo prácticamente a medias, pues están los que deben irse o no sabe si se irán y los funcionarios que están ingresando y que aún no han formalizado sus contratos, lo que repercute directamente sobre la población", señaló.
En este sentido puso como ejemplo casos en los que se han visto afectados acuerdos, convenios y obras de gran importancia para los pueblos debido a la ausencia de material o personal que debe participar de los mismos.
Cuentas congeladas. Cabe destacar que luego de la posesión de los alcaldes municipales de Santa Cruz, hasta hace una semana aún existían siete municipios que tenían inhabilitadas sus cuentas debido a la burocracia y falta de documentación por el recambio de autoridades.
Desde las instancias bancarias se informó que a la fecha falta que siete municipios, de los 56 existentes en Santa Cruz, presenten sus documentos para que sus cuentas sean habilitadas y puedan hacer uso de los recursos.
Muchos de ellos iniciaron el proceso aunque no todos corren con la misma suerte para avanzar en sus proyectos.
Preocupación
Las cárceles son una bomba de tiempo
Según el Defensor del Pueblo en Santa Cruz, las provincias, el hacinamiento y las enfermedades entre internos es preocupante. En la cárcel de Palmasola existen 2.034 personas privadas de libertad. Los prediarios llegan tarde y no alcanzan. En Montero, la situación es de extrema gravedad.
Las verificaciones se realizaron en las carceletas de Camiri, Charagua, Vallegrande, Ascensión de Guarayos, Buenavista, Portachuelo, Montero, Warnes, Puerto Suárez, La Guardia y el Centro de Rehabilitación Santa Cruz-Palmasola. En todas existen y se agudizan los mismos problemas, deficiencias y peligros: hacinamiento al extremo, propagación de enfermedades, mala alimentación, retardación de justicia, baños antihigiénicos, riesgos de fuga, inseguridad ciudadana y otras situaciones irregulares atentatorias a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Las carceletas en las provincias del departamento de Santa Cruz sufren de un peligroso hacinamiento, en las que hombres y mujeres se entremezclan, y deben sobrevivir durante meses y meses en pequeños cuartos, los que son a su vez dormitorios, cocinas, baños. La vida se la lleva con grandes esfuerzos.
Apuntan a la metropolización
Desde hace un mes se conoce que el Gobierno impulsa la creación, por ley, de la segunda región metropolitana del país, esta vez en Santa Cruz, que proyecta congregar a unos siete municipios circundantes a la capital del departamento. Autonomías se reunirá hoy con las autoridades subnacionales involucradas en el plan.
“Vamos a replicar la experiencia de Kanata (Cochabamba), es una ley nacional la que creará la región metropolitana de Santa Cruz. Desde el Ministerio de Autonomías la estamos impulsando”, explicó el titular de esa cartera, Hugo Siles.
Los municipios de Santa Cruz de la Sierra, Porongo, La Guardia, Cotoca, Warnes y El Torno serán parte de esta iniciativa, aunque —según la autoridad— Colpa Bélgica y Okinawa se sumarán al proyecto.
En mayo de 2014, mediante Ley 533 se creó en Cochabamba Kanata, la primera región metropolitana de Bolivia, integrada por siete municipios, en los que vive el 64,58% de la población del departamento. Esta región está conformada por los municipios de Cochabamba (Cercado), Quillacollo, Sipe Sipe, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua y Sacaba.
Beneficios. Para Siles, Kanata es “una experiencia exitosa” que ha permitido la creación de mecanismos, espacios de planificación de proyectos y políticas públicas de interés común. Así, los planes relacionados con residuos sólidos, medio ambiente, transporte y seguridad, entre otros, se validarán en un “consejo metropolitano” conformado por las autoridades concurrentes en la región.
El vicepresidente, Álvaro García, detalló, en relación al proyecto cochabambino, que los alcaldes pueden asumir “grandes proyectos a largo plazo” que cuentan con el apoyo del Gobierno central, puesto que es una política del Estado potenciar todas las regiones. “Es un espacio de concurrencia y de planificación para poder mejorar la eficiencia en la inversión pública del nivel central y los niveles subnacionales”, añadió Siles.
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